4.11.2006

19 nro. 1º Derecho a la vida.

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE Y MINISTERIO DE SALUD

Santiago, veintiocho de agosto de dos mil uno.
Vistos y teniendo presente:
1º Que mediante presentaciones de fecha 8 de junio de dos mil y que rolan a fojas 11, 91 y 164 de estos autos acumulados, doña NAYADE ORIETTA ROJAS VERA; don MANUEL ORLANDO FARIAS DONOSO; y, don JUAN PABLO AMESTICA CACERES, han interpuesto sendos recursos de protección contra el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y Ministerio de Salud, (Ingreso Nº3025-2001); Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y Ministerio de Salud, (Ingreso Nº3026-2001) y Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y Ministerio de Salud, (Ingreso Nº3027-2001), pidiendo se ordene a los recurridos proporcionarles los medicamentos necesarios para sobrevivir; se les someta a los exámenes médicos pertinentes y se les lleve un control mínimo, periódico y permanente de su estado de salud, con la finalidad de adecuar los tratamientos de acuerdo al desarrollo de la enfermedad.
2º Que, por resolución de esta Corte de fecha 20 de julio del 2001, se ordenó la acumulación de los recursos antes singularizados.
3º Que fundamentando las acciones cautelares intentadas, los recurrentes señalan lo siguiente:
I.- En relación con el recurso de protección interpuesto por doña Nayade Rojas Vera, ingreso Nº3025-2001 contra el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y el Ministerio de Salud:
a) que es una mujer portadora del síndrome de inmunodeficiencia humana (VIH) y cuyo pronóstico, de acuerdo al informe del médico infectólogo del Hospital Salvador, centro en el cual se controla, es ?irrecuperable sin tratamiento antiretroviral?;
b) que a pesar de su grave estado de salud, las autoridades sanitarias se han negado a proporcionarle los medicamentos requeridos;
II.- En relación con el recurso de protección Ingreso Nº3026-2001 interpuesto por don Manuel Farías Donoso contra el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y el Ministerio de Salud:
a) que es una persona que vive con el síndrome de inmunodeficiencia humana (VIH) y que se atiende médicamente en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente;
b) que a pesar del grave estado de salud en que se encuentra, las autoridades sanitarias, se han negado a proporcionarle los medicamentos requeridos;
III.- En relación al recurso de protección Ingreso Nº2027-2001, interpuesto por don Juan Pablo Améstica Cáceres contra el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y Ministerio de Salud:
a) que es un hombre portador del síndrome de inmunodeficiencia humana (VIH) y que se atiende médicamente en el Hospital Doctor Sótero del Río;
b) que desde el inicio de su terapia se ha tratado con AZT y luego con AZT-3TC y crixivan, tratamiento que le permitía, no sólo mantenerse con vida sino que, además, llevar una vida normal;
c) que al no poder seguir pagando el último de los medicamentos nombrados, el Servicio de Salud decidió interrumpir la terapia que le estaba entregando, situación que ha provocado el agravamiento de su enfermedad.
4º Que, según los recurrentes, la negativa de los Servicios de Salud de proporcionarles los medicamentos indispensables para subsistir, constituye una omisión ilegal que se verifica al incumplir el Estado y, específicamente, los Servicios de Salud, las obligaciones establecidas por el Decreto Supremo 362 del Ministerio de Salud del año 1984, que regula las normas enfermedades de transmisión sexual. Sobre el particular los recurrentes sostienen:
a) que el artículo 2 del Decreto Supremo establece: “Son enfermedades de transmisión sexual, para los efectos del presente reglamento, la sífilis, la gonorrea, el linfogranuloma venéreo, el síndrome de insuficiencia adquirida (SIDA), el chancro blando y la uretritis gnonocócica“;
b) que, por su parte, el artículo 3 del referido Decreto establece: “El Ministerio de Salud a través de los organismos que integran el Sistema Nacional de Servicios de Salud, es el encargado de promover y organizar las acciones sanitarias de asistencia social, educativas, de difusión y de prestar atención médica preventiva y curativa, tendiente a combatir las enfermedades de transmisión sexual“
c) que, finalmente, el artículo 8 del mismo Decreto señala: “La atención que presten los Servicios de Salud en sus establecimientos, para combatir las enfermedades de transmisión sexual será totalmente gratuita, comprendiéndose en ella el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y control y los exámenes de laboratorio clínico y demás procedimientos necesarios“.
5º Que informando los recurridos a fojas 68 y 74 en el recurso ingreso Nº3025; a fojas 146 y 241 en el recurso ingreso Nº3026 y a fojas 187 y 219 en el recurso ingreso Nº3027, expresan lo siguiente:
A.- Recurso de protección Ingreso Nº3025.
Informe del Ministerio de Salud de fojas 68:
-que el recurso de protección interpuesto por Náyade Rojas Vera debe ser declarado inadmisible por no existir la ilegalidad o arbitrariedad que se le atribuye tanto al Ministerio como al Servicio de Salud;
-que por el contrario, el Ministerio de Salud siempre ha estado consciente de la responsabilidad que le corresponde en materia epidemiológica;
-que ha procurado aumentar la cobertura de tratamiento a las personas que portan VIH/SIDA pero que no puede dar terapia a un tipo de enfermos que signifique el desmedro de otras patologías, pues ello significaría una injusticia y una arbitrariedad reprochable.
–Informe del Servicio de Salud Metropolitano Oriente de fojas 74:
–-que la recurrente no ha consignado antecedentes suficientes que acrediten que el Servicio incurrió en las conductas denunciadas; -que la amenaza a la vida que afecta a la recurrente proviene de la enfermedad que le afecta y no de la conducta del Servicio de Salud Metropolitano Oriente;
–-que desde hace algún tiempo se encuentra establecido, que la transmisión sexual es sólo una de las formas de transmisión del SIDA, por lo que se estudia por la autoridad sanitaria la exclusión de las enfermedades de tal categoría. B.- Recurso de protección Ingreso Nº3026. Informe del Ministerio de Salud de fojas 146:
–-que el recurrente no se encuentra en la situación que denuncia, esto es, la total carencia de drogas para combatir la enfermedad que le afecta, motivo por el cual deberá rechazarse el recurso interpuesto;
–-que el Ministerio está consciente de la responsabilidad que le corresponde en materia epidemiológica;
–-que a pesar de aumentar la cobertura de tratamiento de quienes portan esta enfermedad no se puede dar terapia a un tipo de enfermos que signifique el desmedro de otras patologías;
–-que la insuficiencia de recursos para abordar tratamientos farmacológicos ha determinado la necesidad de establecer normas técnicas que permitan fijar la prioridad de acceso a ellos de manera de evitar la arbitrariedad; que el sector público de salud actúa con criterios y conductas absolutamente ajustados a la legalidad y alejados de toda arbitrariedad.
–- Informe del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente de fojas 241: ?que el recurrente está bajo control regular en el policlínico de infectología;
–-que el recurrente se encontraba recibiendo terapia triple, solventando él mismo, el medicamento denominado EFA VIRENZ;
–que al parecer el paciente no pudo solventar el fármaco en forma permanente;
–-que el Servicio de Salud ha tomado las medidas pertinentes para que el paciente reciba el medicamento en dosis y oportunidad adecuadas a su necesidad.

–C.- Recurso de protección Ingreso Nº3027:
–Informe del Ministerio de Salud de fojas 219.-
Este informe es, en esencia, idéntico al que rola a fojas 146. -

–Informe del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente de fojas 187:
–-que el recurrente, (señor Améstica), es paciente en control regular en el policlínico de infectología;
–-que el paciente, por serios problemas económicos, había dejado de adquirir el medicamento Crixivan, por lo cual se decidió suspender el AZT y 3TC que recibía del Hospital;
–-que el recurrente se encuentra actualmente internado en el Servicio de Medicina del Hospital Dr.Sótero del Río, recibiendo terapia tri-asociada en Farmacia de ese establecimiento.

–6º Que analizados los antecedentes reunidos en autos, son hechos no controvertidos en estos recursos:
–a) los tres recurrentes son portadores del virus de inmunodeficiencia humana VIH, encontrándose su enfermedad en distintos grados de desarrollo;
–b) los tres recurrentes requieren, para sobrevivir, tratamiento antiretroviral;
–c) los tres recurrentes, (en la imposibilidad de adquirir personalmente los medicamentos indispensables para tratar la enfermedad que portan), han acudido a los Servicios de Salud recurridos en procura de éstos;
–d) los Servicios de Salud recurridos no han proporcionado a los recurrentes todos los medicamentos solicitados.
–7º Que, precisada la situación fáctica, corresponde analizar en primer lugar, si la negativa de los recurridos a suministrar a los recurrentes todos los medicamentos que éstos han solicitado, pone en riesgo sus vidas; y, en segundo lugar, si la referida negativa de los recurridos constituye una omisión ilegal o arbitraria, o si por el contrario, tal negativa se encuentra justificada.
–8º Que, en el primer orden de materias, no es competencia de esta Corte de Apelaciones realizar apreciaciones propias de carácter médico o científico, por lo cual se atendrá sobre el particular a lo señalado por los profesionales de la salud.
–En efecto, a fojas 73 rola el informe suscrito por el doctor Juan Ballesteros, médico infectólogo del Hospital del Salvador, quien expresa en el caso de la señora Rojas: “actualmente se estima como inmunológicamente comprometida y en alto riesgo de adquirir una infección oportunista se estima un CDC 93 en etapa A3 por estos motivos debiera recibir antiretroviral a la brevedad“.
–Luego, a fojas 146 rola el informe suscrito por el doctor Martín Lasso Barreto, quien indica que el señor Améstica Cáceres “sin tratamiento antiretroviral fallecería producto de infecciones oportunistas en el breve plazo“.
– Finalmente, a fojas 241 rola el informe suscrito por la doctora Lorna Luco Canales, Subdirector Médico del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, quien expresa que el señor Farías Donoso está en control regular en el Policlínico de Infectología desde el 22 de marzo de 2001, fecha en que ingresó a dicho centro asistencial en etapa IV de la enfermedad con dignóstico de neumonía por neumocytis carini y sarcoma de Kaposi cutáneo.

De esta manera resulta evidente que los informes antes mencionados, son coincidentes con lo expresado por los recurrentes en el sentido de que si no reciben el tratamiento antiretroviral, fallecerán en breve plazo.

9º Que, para analizar si la inacción de los recurridos se encuentra ajustada a derecho o si por el contrario es ilegal o arbitraria, se deben tener presentes los siguientes principios:
a) de acuerdo a lo establecido por el inciso 4º del artículo 1º de la Constitución Política de la República de Chile, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común.
b) por su parte, el artículo 19 Nº 1º de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas el derecho a la vida;
c) de acuerdo al artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la vida es inherente a la persona humana;
d) de conformidad a lo establecido por el artículo 4º, numeral 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a que se respete su vida y, este derecho, estará protegido por la ley;
e) de acuerdo al artículo 55 del Código Civil, son personas todos los individuos de la especie humana cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición;
10º Que, siendo la vida un derecho inherente a la persona humana, es decir, un derecho de la personalidad que la doctrina ha reconocido existir por su propio valor moral, con independencia de que el legislador lo haya proclamado, (José Puig Brutau, Compendio de Derecho Civil, Tomo I, pag.169); tal derecho, debe ser respetado por todos, y en particular, por quien ha declarado solemnemente garantizar o asegurar a todas las personas “el derecho a la vida“.
11º Que, analizando la inminencia de la muerte de los recurrentes, (hecho anunciado por los profesionales de la salud), en caso de no recibir tratamiento antiretroviral, no es posible aceptar que, quien está al servicio de la persona humana y ha asumido, entre muchas otras políticas de Estado, la obligación de combatir las enfermedades de transmisión sexual, -entre las que se encuentra expresamente considerado el SIDA- observe o contemple sin intervenir, cómo, precisamente, esas mismas personas a quienes asegura el derecho a la vida, la pierden.
12º Que, las dos razones principales dadas por los recurridos para explicar su inacción, es decir:
a) que la insuficiencia de recursos para abordar los tratamientos farmacológicos, ha determinado la necesidad de establecer normas técnicas que fijen la prioridad de acceso a ellos; y,
b) que la ley 18.469, norma que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud, establece en su artículo 11, que las prestaciones comprendidas en dicho régimen serán otorgadas por los organismos que dependen del Ministerio de Salud, con los recursos físicos y humanos de que dispongan, no justifican su proceder según se pasa a exponer.
13º Que en relación a la falta de recursos: esta argumentación no es aceptable por cuanto, como ya se señaló, el derecho a la vida es un derecho de carácter absoluto y al margen de toda posibilidad de negociación patrimonial.
El establecer un orden de prioridad para que los portadores de inmunodeficiencia humana, (VIH), accedan al tratamiento farmacológico que les permitirá vivir, basado en razones técnicas pero determinado al fin por razones económicas, es jurídica y moralmente inaceptable pues establece, necesariamente, una discriminación arbitraria entre personas que se encuentran en una misma situación.
En relación al artículo 11 de la ley 18.469: esta argumentación no es aceptable por dos razones:
a) porque una norma de carácter constitucional no puede ser limitada por una norma de carácter simplemente legal; y
b) porque la ley 18.469 regula el ejercicio del derecho a la protección de la salud previsto por el número 9 del artículo 19 de la Constitución Política y no se refiere al derecho a la vida previsto por el número 1º del artículo 19 del Texto Constitucional.
14º Que, siendo un deber ineludible del Estado el proteger la vida de las personas, dicho deber resulta desde luego ineludible para la administración de éste, entendiendo por tal, los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa tal como lo señala el inciso 2º del artículo 1º de la ley Nº 18.575,
15º Que, siendo un principio rector dentro del ordenamiento jurídico chileno el que los órganos del Estado sometan su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, el no proporcionar a los recurrentes los medicamentos indispensables para existir, estando obligado a hacerlo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 362 del Ministerio de Salud de 1984, constituye una omisión contraria a la Carta Fundamental que atenta contra derechos fundamentales de los recurrentes.
En efecto, se encuentra amenazado el derecho a la vida de los recurrentes desde el momento que se reúnen tres elementos:
a) los recurridos saben que los recurrentes son portadores del virus de inmunodeficiencia humana, (VIH);
b) los recurridos saben que los portadores del virus VIH requieren para poder vivir, tratamiento antiretroviral; y
c) no otorgan a los recurrentes, a pesar de haber éstos solicitado, los medicamentos requeridos para el tratamiento señalado.
Por otra parte, el no proporcionar los medicamentos requeridos por la señora Rojas y los señores Améstica y Farías, argumentando que esos mismos medicamentos se suministran o se suministrarán a otras personas igualmente enfermas, importa una diferenciación discriminatoria que carece de justificación objetiva y razonable, y, constituye una violación a la igualdad ante la ley, derecho fundamental previsto por el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por todo lo antes expuesto, y de acuerdo, también a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección.
Se acogen los recursos de protección deducidos en lo principal de fojas 11 por doña Nayade Orietta Rojas Vera en contra del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y el Ministerio de Salud; en lo principal de fojas 91 por don Manuel Orlando Farías Donoso en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y Ministerio de Salud; y en lo principal de fojas164 por don Juan Pablo Améstica Cáceres en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y Ministerio de Salud, respectivamente, de los autos acumulados, y se declara:
a) Que se ordena al Ministerio de Salud y al Servicio de Salud Metropolitano Oriente proporcionar a doña NAYADE ORIETTA ROJAS VERA, en forma inmediata y de la manera más efectiva, tanto desde el punto de vista médico como administrativo, los medicamentos indispensables para sobrevivir en conformidad a parámetros eficaces para controlar su enfermedad, como así también, a efectuar los exámenes médicos pertinentes y a llevar un control periódico de su estado de salud.
b) Que se ordena al Ministerio de Salud y al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, proporcionar a don MANUEL ORLANDO FARÍAS DONOSO, en forma inmediata y de la manera más efectiva, tanto desde el punto de vista médico como administrativo, los medicamentos indispensables para sobrevivir en conformidad a parámetros eficaces para controlar su enfermedad, como así también, a efectuar los exámenes médicos pertinentes y a llevar un control periódico de su estado de salud.
c) Que se ordena al Ministerio de Salud y al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, proporcionar a don JUAN PABLO AMESTICA CÁCERES, en forma inmediata y de la manera más efectiva, tanto desde el punto de vista médico como administrativo, los medicamentos indispensables para sobrevivir en conformidad a parámetros eficaces para controlar su enfermedad, como así también, a efectuar los exámenes médicos pertinentes y, a llevar un control periódico de su estado de salud.
Regístrese, transcríbase y archívese. Redacción del abogado integrante señor Angel Cruchaga Gandarillas.
Nº 3.025-2.001
Dictada por el ministro señor Carlos Cerda Fernández, abogados integrantes señor Hugo Llanos Mansilla y señor Angel Cruchaga Gandarillas.