4.20.2006

19 nro. 3º Igualdad ante la ley.

A propósito de la ley de amnistía

Juan Ignacio Piña Rochefort

Doctor en Derecho
Profesor de Derecho Penal
Universidad de los Andes


Durante los últimos días ha causado un gran revuelo la sentencia del ministro de fuero, señor Víctor Montiglio, en que se aplicó la ley de amnistía a tres procesados por el "Episodio Arica" del caso caravana de la muerte.

A diferencia de lo que ha ocurrido en otros casos relativos a violaciones a los derechos humanos, la discusión de esta causa no estuvo centrada en la tesis del "secuestro permanente" como ficción jurídica, sino en la aplicación de la amnistía y prescripción como modos de extinguir la responsabilidad penal.

En este caso, estando acreditados los homicidios en una fecha cierta, no podía sortearse la ley de amnistía sobre la base de un supuesto "carácter permanente" del delito. En razón de ello, los argumentos vertidos estuvieron circunscritos a la aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949, de modo de afirmar la imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de tales delitos.

Tal como ya ha sido refrendado por diversos especialstas en Derecho Internacional, los hechos materia de la sentencia difícilmente pueden hacerse cuadrar con las hipótesis que esos convenios pretenden regir. De este modo, para fundamentar su aplicación no sólo era necesario forzar al extremo su interpretación, sino incluso contradecir el derecho chileno vigente.

En consecuencia, los hechos investigados no podían sino calificarse como un injustificable "homicidio calificado", en que los autores se aprovecharon de la indefensión de sus víctimas. Dichos delitos están sancionados con penas bastante altas pero son delitos comunes y por tanto son amnistiables y prescriben al cabo de quince años.

Sea como fuere, parece que la discusión que subyace es mucho más compleja que la que se da en el nivel de los tecnicismos legales. La discusión relevante es hasta dónde se puede llegar para conseguir sancionar atentados contra los derechos humanos. No puede olvidarse que el Derecho penal ha conseguido, a costa de mucho esfuerzo, establecer una serie de principios que operan como una garantía para los ciudadanos. Principios como la irretroactividad de la ley penal, de culpabilidad o el que prohíbe castigar dos veces un mismo hecho son principios que buscan otorgar certeza a los ciudadanos de que en la búsqueda de eventuales responsabilidades penales el Estado no los sorprenderá, sino que deberá observar ciertas normas preestablecidas.

La pregunta que surge entonces es hasta cuándo rigen esos principios. En otros términos, puede la necesidad de alcanzar "justicia" soslayar esas reglas que se ha impuesto el Estado para otorgar certeza a sus súbditos. ¿Es posible aceptar que se relajen esos principios cuando los delitos que se han cometido son atroces o cuando los autores nos resultan especialmente despreciables?

Sólo hay dos respuestas posibles. Sí o No. Y es imprescindible que quienes aspiran a sancionar a toda costa estos hechos tengan la valentía de declarar que a los autores de esos hechos no se les aplica el mismo estatuto que al resto de los ciudadanos.

Los razonamientos de "justicia a toda costa" no son razonamientos jurídicos. Por el contrario, son razonamientos que pretenden instrumentalizar el ordenamiento jurídico para alcanzar esa supuesta justicia. Ello, en la dogmática penal moderna se ha denominado "Derecho penal del enemigo", pues consiste en negar la aplicación de los principios que rigen al resto de los ciudadanos, precisamente porque se trata de enemigos públicos que no merecerían ese mismo estatuto. Si ello se comparte o no es un problema que puede discutirse, pero es imprescindible que en este país se haga un ejercicio de transparencia y que quienes pretenden crear figuras como la del "secuestro permanente" o hacer valer en Chile convenios internacionales no ratificados por nuestro país o a hipótesis que ni ellos mismos han aspirado a alcanzar, han de reconocer públicamente que lo importante es imponer la sanción, aunque ello implique dejar sin aplicación los principios fundamentales del Derecho y el propio Derecho vigente.