4.05.2006

Desafuero de Nelson Ávila Contreras

Desafuero de Nelson Ávila Contreras,
querellante Claudia Fuentes Ahumada


Santiago,siete de octubre del año dos mil cinco.
Vistos:
En estos autos rol Nº23.885-2004, sobre fuero criminal, correspondiente al número de ingreso 22.405-2005 de esta Corte, en que es querellante doña Claudia Fuentes Morales, Administradora de Personal, domiciliada en Agustinas 611 oficina Nº93 de Santiago, y querellado don Nelson Ávila Contreras, Senador de la República, domiciliado en calle Morandé Nº 441, en el que se pesquisan los delitos de injurias y calumnias con publicidad, don Carlos Quezada Orozco, abogado que representa a la parte querellante, dedujo recurso de apelación contra la resolución dictada por el Sr. Ministro de Fuero don Hugo Dolmestch Urra, a cargo de la instrucción, con fecha veinte de junio del año en curso, a fojas 171, en cuanto por ella no se accedió a elevar los antecedentes ante esta Corte de Apelaciones, como se solicitó a fojas 166. Mediante la aludida presentación de fojas 166 la querellante pidió elevar los antecedentes a esta Corte a fin de que se de lugar a la formación de causa en contra del querellado. Se funda en que el Senador querellado le imputó la comisión de los delitos de falso testimonio en juicio criminal, previsto y sancionado en el artículo 207 del Código Penal, y de fraude al Fisco, previsto y sancionado en los artículos 467 inciso final, en relación con el artículo 468 ya que incluso el querellado se atreve a dar la cifra de $96.000.000 como el monto de la supuesta defraudación.... Advierte que ambos delitos son actualmente perseguibles de oficio por la justicia, y que no se encuentran prescritos, por lo que a su juicio se configuraría el tipo penal de calumnia propagada con publicidad, ilícito previsto y sancionado en los artículos 412 y 413 números 1 y 2 del Código Penal. Además, sostiene que el querellado cometió el delito de injurias con publicidad, previsto y sancionado en los artículos 416, 417 número 3 y 418 del referido Código.
A fojas 182 se trajeron los autos en relación, llevándose a cabo la vista de la causa el día veintiuno del mes de septiembre en curso, con asistencia de los Ministros indicados en el atestado de fojas 192.
Considerando:
1º) Que se elevaron los autos en apelación, por la parte de la querellante, de la resolución de fecha veinte de junio del año en curso, escrita a fojas 171, dictada por el Sr. Ministro instructor, que denegó lo pedido a fojas 166 en orden a enviar los autos a esta Corte para que se diera lugar a la formación de causa en contra del querellado, el mencionado Senador de la República don Nelson Ávila Contreras;
2º) Que el título IV del Libro III del Código de Procedimiento Penal, consagra el procedimiento relativo a personas que tienen fuero constitucional y, en su primer párrafo, se refiere a las personas que tienen el fuero del artículo 58 de la Constitución Política de la República;
3º) Que el aludido artículo 58 de la Carta Fundamental de la República dispone que Los disputados y senadores sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión. Agrega que Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o designación, o desde el de su incorporación, según el caso, puede ser procesado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema. El inciso final de dicho precepto estatuye que Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a la formación de causa, queda el diputado o senador acusado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente;
4º) Que el artículo transcrito en el considerando previo consagra dos privilegios respecto de los parlamentarios de la República, siendo el primero el de inviolabilid ad parlamentaria y, el segundo, el fuero, instituto este último que impide dirigir procedimiento en su contra si no se cumplen previamente determinadas exigencias. Dicha materia está en relación con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto dispone que Las Cortes de Apelaciones conocerán:...4º En primera instancia:... a) De los desafueros de las personas a quienes les fueren aplicables los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 58 de la Constitución Política de la República. El juez competente a que alude el artículo 58 de la Carta Política del Estado es un Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, conforme lo prescribe el artículo 50 Nº2º del texto constitucional;
5º) Que, cabe agregar, en relación con la institución jurídica del fuero, que el artículo 611 del Código de Procedimiento Penal prescribe que Ningún tribunal, aunque halle mérito para imputar un delito a una persona con el fuero del artículo 58 de la Constitución, procederá contra ella, sino cuando la Corte de Apelaciones respectiva reunida en tribunal pleno, declare que ha lugar a formarle causa. El artículo 612 del mismo Código añade que Tan pronto como de los antecedentes del proceso o de la información rendida, a petición de parte, aparezcan contra una persona con el fuero del artículo 58 de la Constitución, datos que podrían bastar para decretar la detención de un inculpado, el juez de primera instancia elevará los autos al tribunal de alzada correspondiente, a fin de que si halla mérito, haga la declaración de que ha lugar a la formación de causa. Si viendo el proceso por cualquier otro motivo, el tribunal de alzada halla mérito, hará igual declaración. El artículo 616 de ese texto legal ordena que Mientras no se declare haber lugar la formación de causa, el tribunal que conozca del proceso se abstendrá de practicar actuaciones que se refieran a la persona con el fuero del artículo 58 de la Constitución a quien se impute el delito, a menos de recibir expreso encargo de la respectiva Corte de Apelaciones;

6º) Que, según se advierte de la normativa que se ha transcrito, el fuero constituye un instituto jurídico que no es un privilegio de inmunidad personal, sino de la función, y constituye asimismo, y sin lugar a dudas, un obstáculo en el avance del respectivo proceso. De allí que, para poder continuar con las investigaciones sumariales, particularmente con aquellas que requieran de la participación del parlamentario imputado, sea menester la autorización previa de la Corte de Apelaciones respectiva, esto es, la declaración de que ha lugar a la formación de causa, o desafuero, lo que puede ordenarse desde que concurran los requisitos que establece el Código de Procedimiento Penal para ordenar la medida privativa de libertad conocida como detención;
7º) Que, en relación con esta última cuestión, hay que precisar que ella está tratada en el párrafo 2º del Libro II, Primera Parte, Título IV del referido Código, artículos 251 y siguientes.
El artículo 251 dispone que Para asegurar la acción de la justicia, podrán los jueces decretar la detención de una persona en la forma y en los casos determinados por la ley. El artículo 256 define y contiene los efectos de esta medida, señalando que Por la detención se priva la libertad por breve tiempo a un individuo contra quien aparecen fundadas sospechas de ser responsable de un delito, o a aquel contra quien aparece motivo que induzca a creer que no ha de prestar a la justicia la cooperación oportuna a que lo obliga la ley, para la investigación de un hecho punible;
8º) Que es el artículo 255 del Código de enjuiciamiento en lo criminal el que señala las exigencias para detener a una persona, al precisar que El juez que instruye un sumario podrá decretar la detención: 1.º Cuando, estando establecida la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito, tenga el juez fundadas sospechas para reputar autor, cómplice o encubridor a aquel cuya detención se ordene...3.º Cuando la indagación del delito exigiere la concurrencia de alguna persona para prestar informe o declaración y ésta se negare a comparecer....
Lo transcrito es lo que interesa a esta Corte para efectos de decidir;
9º) Que, corresponde reiterar que los hechos imputados a don Nelson Avila, según la querella, se habrían cometido con ocasión de determinados dichos vertidos por éste en una conferencia de pre nsa a la que habría citado el día 20 de agosto del año 2004 en el Palacio Ariztía, lugar destinado a las labores parlamentarias en la ciudad de Santiago. En dicha oportunidad, el señalado Senador habría efectuado declaraciones que contendrían imputaciones contra la querellante doña Claudia Fuentes. De otro lado, según la petición de desafuero formulada por esa parte y que, como se adelantó, corre a fojas 166, en los autos se encontraría legalmente acreditado que con fecha 20 de Agosto del año 2004, en Senador Don Nelson Avila Contreras citó a una conferencia de prensa con el objeto de emitir una declaración pública donde profirió las siguientes expresiones: ... También ha sido conocida su participación en el denominado caso montaje...; ...en realidad, la hija de Claudia Fuentes jamás sufrió violación o abusos sexuales... Todo apuntó a crear una alta sensibilidad social para obtener ciertos respaldos económicos que al final fueron hábilmente obtenidos...; ...pero estas no fueron las únicas mentiras de Claudia Fuentes...; ...burló a todo Chile... Chile no sólo transitó por la raja de Gema Bueno; el país ha estado arrastrándose durante meses en una verdadera convulsión en virtud de dos personas que obviamente padecen algún tipo de patología mental...; ...Claudia Fuentes se burló de todo Chile con un drama inexistente...; ...Claudia Fuentes es una gema 2, una mitómana.. .;
10º) Que, según lo señalado a fojas 166 En virtud de lo anteriormente expuesto, lo cual es ratificado por el querellado en su declaración indagatoria, este imputa a claudia fuentes (sic) la comisión de los delitos de: 1.- Delitos de falso testimonio en juicio criminal, previsto y sancionado en el artículo 207 del código Penal con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, lo que configura el tipo penal invocado, figura especial agravada. 2.- Delito de fraude al fisco al señalar la supuesta apropiación engañosa y fraudulenta de fondos fiscales por parte de mi defendida, figura prevista y sancionada en los artículos 467 inciso final, en relación con el artículo 468 no se precisa texto legal- ya que incluso el querellado se atreve a dar la cifra de $96 .000.000 millones de pesos (sic) como el monto de la supuesta defraudación, ilícito sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo. Concurrieron así el querellado a la imputación de dos delitos que son perseguibles de oficio y con las penalidades antes indicadas, una de crimen y otra de simple delito, que no se encuentran prescritos, y por ende, cumpliendo los requisitos de la norma jurídica invocada;
11º) Que la parte querellante, en su petición de desafuero, afirma que Ambos delitos son actualmente perseguibles de oficio por parte de la justicia, no se encuentran prescritos, lo cual configura el tipo penal de Calumnia propagada con publicidad, ilícito previsto y sancionado en el artículo 412 y 413 números 1 y 2 del Código Penal. Advierte que Asimismo, el querellado cometió en opinión de esta parte el delito de injurias con publicidad, previsto y sancionado en el artículo 416, 417 número 3 y 418, (sic) dado que con sus expresiones tales como tildar a mi defendida de mentirosa, de falsificadora de pruebas, y de asesina de imagen, ha provocado un grave menoscabo ya que ha imputado a mi defendida un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias perjudican gravemente su fama, crédito e intereses, ya que como es de público conocimiento, la agraviada es directora de una Organización No Gubernamental dedicada al tema del abuso infantil, por ende, las imputaciones vertidas profusamente, constituyen claramente una acción típica como la señalada anteriormente;
12º) Que, hechas las consideraciones previas, habiendo quedado consignados tanto los hechos como el derecho aplicable, resulta pertinente añadir que el presente proceso ha llegado a un punto en el cual no es posible avanzar sin que se efectúe por parte de esta Corte, previamente, la declaración que se ha pedido por la parte querellante y que requieren la Constitución y la Ley, prueba de lo cual es que el juez de la causa en resolución que fue apelada- ordenó el cierre del sumario, por lo que en esas condiciones, y en ausencia de procesamiento, el paso siguiente y natural sería la dictación de un sobreseimiento. En efecto, el referido magistrado ya realizó las primeras diligencias, pues tomó declaración a la querellante, al querellado, y llevó a cabo las demás actuaciones qu e se advierten en autos, con lo cual entendió agotada la investigación;
13º) Que, en mérito de lo expuesto, y escuchada la relación del proceso, oídos los alegatos de los abogados defensores de las partes, y revisados los antecedentes que se han recopilado en esta investigación, incluida una cinta de video, todos los que contienen los dichos del parlamentario don Nelson Ávila, por medio de los cuales se habrían perpetrado las infracciones penales que se le han imputado, este tribunal ha adquirido la convicción de que concurren los requisitos que la preceptiva a la que se pasó revista establece para ordenar la detención de una persona. Por lo tanto, las evidencias recopiladas son suficientes para privarlo del fuero de que está investido;
14º) Que, efectivamente, el expediente ha acopiado antecedentes que bastan para estimar que se encuentra establecida la existencia de hechos que presentan los caracteres de delito, habiendo fundadas sospechas para reputar autor de los mismos al mencionado parlamentario. De otro lado, la causa ha alcanzado un grado de avance que no se puede superar si no se dictamina la medida que según ha sido explicado, no es otra que la declaración de haber lugar a la formación de causa en su contra;
15º) Que resulta pertinente, en este punto, dejar sentado que el tribunal no puede, en esta etapa procesal, efectuar la calificación jurídica de los hechos consignados, en orden a ser ellos constitutivos o no de ciertos ilícitos, sino sólo debe dejar constancia de los que fueron presentados mediante la querella y reiterados en la petición de desafuero. Lo anterior, porque tal cuestión trasciende del alcance que tiene la presente gestión, en que sólo se ha de constatar la presencia de las exigencias que ya se señalaron, esto es, las que contiene el artículo 612 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 255 del mismo Código;
16º) Que, en esas condiciones, estando probada la existencia de los requisitos que permitirían detener, resulta necesario que el proceso entre en una etapa que permita al tribunal a cargo de las pesquisas realizar un estudio que le posibilite arribar a una calificación jurídica de los hechos investigados, esto es, llegar a determinar si se encuentra o no justificada la existencia de los delitos que han motivado la presentación de la querella de autos, y si en ellos ha correspondido al inculpado participación como autor, cómplice o encubridor, finalidad que no puede ser conseguida en las actuales circunstancias, sino mediando el desafuero solicitado;
17º) Que, por lo expuesto, razonado y concluido, concurriendo las exigencias que se formulan en los artículos 611 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, la resolución de primer grado debe ser revocada y acogida, en consecuencia, la apelación que contra ella se entabló.
En conformidad, además, con lo que disponen los artículos 611, 612, 613, 615 y 616 del Código de Procedimiento Penal, se revoca la resolución apelada, de veinte del mes de junio del año dos mil cinco en curso, escrita a fojas 171, y en su lugar se decide que se acoge lo pedido mediante la presentación de fojas 166, declarándose que ha lugar a formar causa al querellado don Nelson Ávila Contreras respecto de los hechos investigados en el proceso de que se trata.
Acordada con el voto en contra de los Ministros Sres. Pfeiffer, Pérez, Araya, Brito, Dahm, Villarroel Valdivia, Rocha, Solís, Muñoz Pardo, Madrid, Rojas y Billard, quienes estuvieron por confirmar la resolución ya individualizada y negar lugar, en consecuencia, al desafuero del señalado parlamentario. Tienen para ello en cuenta las siguientes consideraciones:
Primera. Que, como se indica en los motivos previos, para que esta Corte se encuentre en condiciones de privar del fuero de que goza el parlamentario querellado, don Nelson Ávila Contreras, se requiere, según el artículo 612 ya citado, que aparezcan en el proceso datos que podrían bastar para decretar la detención de un inculpado;
Segunda. Que, como también se precisó previamente, el fuero constituye un privilegio que abarca dos aspectos, de acuerdo con el artículo 58 de la Carta Fundamental que, en el texto constitucional recientemente promulgado corresponde al artículo 61. La inviolabilidad, en primer lugar, que se contiene en el inciso 1º de ese precepto y que, en las condiciones que allí se indica, pareciera tener carácter absoluto, cuestión que no obstante, se discute en doctrina;
Tercera. Que no ocurre lo propio con el segundo de los privilegios referidos, esto es, el fuero que, como también se ha consignado no es un privilegio de inmunidad personal sino de la funció n, y cuya finalidad es, en teoría, asegurar la libertad y seguridad del Poder Legislativo, impidiendo que los parlamentarios sean arrastrados a juicios infundados, y por motivaciones puramente subalternas;
Cuarta. Que, en el presente caso, los disidentes creen que de los antecedentes recogidos por el juez a cargo de la causa, no aparecen datos que podrían bastar para decretar la detención de una persona, cual lo ha entendido dicho magistrado, el que, a mayor abundamiento, decretó la clausura del sumario, poniendo así de relieve la falta de datos útiles;
Quinta. Que, en el sentir de los disidentes, de lo que se ha expuesto se desprende que no concurren en la especie las exigencias del aludido artículo 612, en relación con el artículo 255, ambos del Código de Procedimiento Penal, para que este tribunal efectúe la declaración a que se refiere el artículo 611 del mismo Código;
Sexta. Que, en esas condiciones, en opinión de quienes disienten, la determinación que corresponde es la de confirmar la resolución expedida por el juez a cargo de las pesquisas y, en consecuencia, no privar al Senador don Nelson Ávila del fuero de que está investido, por no haber mérito bastante para ello. Regístrese y devuélvase, con sus agregados. Redacción del Ministro Sr. Rojas.
Rol Nº22.405-2005.
Pronunciada por el señor Presidente Subrogante don Carlos Cerda Fernández y por los ministros señores Pfeiffer y González, señora Pérez, señores Araya, Díaz, Brito, Dahm, Muñoz Pardo, Fuentes, Villarroel Valdivia, Cisternas, Rocha, Solís y Montiglio, señora Chevesich, señores Silva y Gajardo, señoras Maggi y Lusic señores Madrid y Rojas, señora Valdovinos, señores Billard y Provoste suplente del ministro señor Villarroel Ramírez-.