5.27.2006

Art 19 nº 21 "ORDEN PÚBLICO Y ECONÓMICO"

EL ORDEN PÚBLICO ECONÓMICO Y LOS PRINCIPIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1980


Como afirmación preliminar, es posible sostener que no resulta apropiado referirnos a la Carta de 1980 como una mera Constitución Política, expresión que sugiere que la idea central del constitucionalismo se centra en la pura organización y funcionamiento de los poderes públicos. Hace tiempo ya que se habla de la Constitución Plena en vez de la Constitución Política, lo que nos conduce a su vez a sostener que la vocación regulatoria se puede extender a los planos económico y social, siempre con pleno respeto de los derechos, principios y valores que recoge el texto político fundamental. Con mayor razón si tal conjunto de valores se expresa de manera manifiesta o simplemente se sugiere de la recta interpretación del Capítulo Primero sobre Bases de la Institucionalidad.

En segundo lugar, a nuestro entender todos los conceptos o definiciones posibles sobre orden público económico aplicables a la realidad institucional chilena deben tener su centro en la libertad, la igualdad y la propiedad, en vez de la supremacía o poderío del Estado para adoptar regulaciones legales en las actividades propias del ámbito de la economía.

Lo contrario nos puede llevar a afirmar que la libertad admite fragmentaciones, y que es permitida únicamente en el plano político y no en los demás aspectos de la vida humana. No resulta coherente ni atendible que sostengamos ser partidarios de la libertad de elegir a quienes nos representan en los poderes públicos, y a la vez desconfiemos de la libertad de las personas, sea miradas individualmente, sea organizadas en cuerpos intermedios según el objetivo que se propongan, para emprender, comerciar y proveer de bienes y servicios a la población.

A menudo se afirma que la Constitución de 1980 consolidó en forma rígida el régimen de libre mercado, es decir, tomó partido por una doctrina económica específica, cuando lo que corresponde a un texto constitucional es no fijar pautas a este respecto. Según esas voces, debe ser el Estado y, en especial, los órganos de gobierno, los llamados a decidir las políticas públicas que más convienen a la sociedad en materia económica, sin que la institucionalidad se ve regida apriorísticamente por conceptos que informen esta área de la vida social.

Categóricamente no estamos de acuerdo con esta visión. Si entendemos que la libertad de las personas y grupos intermedios está el centro del sistema, pues se trata de atributos que emanan de su propia dignidad, y que el Estado queda al servicio de la persona humana, y a éste le corresponde buscar el bien común mediantes los fines definidos en el artículo 1º, con plenos respeto de los derechos y garantías que reconoce la constitución, no podemos sino aceptar que la libertad no acepta ni se somete a fragmentaciones. Sostener que sentimos simpatía por la libertad política pero que en el orden económico es el Estado quien tiene la preeminencia de las decisiones y actuaciones constituye un reduccionismo difícil de tragar.

Tampoco nos parece satisfactorio hacer una férrea y ciega defensa de la iniciativa individual en materias económicas y aceptar, paralelamente, la suspensión o postergación de las libertades políticas, como si la garantía del respeto por la libertad de emprender y del derecho de propiedad supusieran necesariamente que es lícito renunciar a la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes y parlamentarios, o suprimir las libertades de opinión, o establecer limitaciones severas al derecho de asociación en materia sindical, o mirar como cosas insignificantes la protección de los trabajadores, de los consumidores o en general la contratación de los que se encuentran en una posición económica circunstancial más débil. Como Berlin, nos parece que “la libertad absoluta de los lobos es la muerte de los corderos“.

El OPE ante la doctrina.-

Hechas estas puntualizaciones, examinemos algunos conceptos sobre el orden público económico dados por la doctrina nacional.

El profesor José Luis CEA EGAÑA, inspirado presumiblemente por autores franceses como RIPÈRT y FARJAT, entiende por OPE “... el conjunto de principios y normas que organizan la economía del país, y que facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución“. Esta definición ha sido abundantemente utilizada por la jurisprudencia que emana de los tribunales superiores de justicia. Últimamente se reprocha a este concepto el poner demasiado énfasis en los poderes del estado como regulador de la economía, lo que se desprendería del empleo de los verbos rectores “organizar“ y “regular“, en oposición a los principios que ya contenían las actas constitucionales que se encontraban vigentes a la época en que CEA describió este concepto por primera vez en nuestro medio. Nos parece que si bien el reparo tiene fundamentos, no podemos prescindir de la referencia hace a los “valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución“, los que permiten aceptar la crítica con algunos matices. Pensamos que no se puede establecer por la autoridad regulaciones que pugnen con los principios inspiradores de la Carta Fundamental, sea que éstos se expongan explícitamente o de manera tácita.

En esos mismos años, Roberto GUERRERO DEL RÍO, en esa época fiscal del Banco Central, enunció un concepto sumamente parecido sobre el OPE, a saber, “ ... el conjunto de normas y regulaciones que permiten el funcionamiento de la economía, dentro del contexto político y social que el sistema le está dando al país“.

En el pasado se pudo entender que ante la falta de definiciones explícitas por la Carta Fundamental, era lícito afirmar que en virtud del orden público económico el legislador o la autoridad podían, si se lo proponían, adoptar decisiones o resoluciones contrarias a la autonomía de la voluntad, a la libertad de contratación, al derecho a emprender, o eran soberanos para establecer requisitos, modalidades, condiciones o restricciones a la propiedad y a la contratación. La mencionada aproximación al problema nos parece que pugna con la esencia de la libertad económica y, por tanto, hoy día resulta difícil hallar su asidero en la Constitución.

Concordamos con Arturo FERMANDOIS cuando señala que no resulta acertado referirnos al OPE como un mero conjunto de leyes, contratos o reglamentaciones administrativas. La definición propuesta por este autor es “ el adecuado modo de relación de todos los elementos de naturaleza económica presentes en la sociedad, que permita a todos los agentes económicos, en la mayor medida posible y en un marco subsidiario, el disfrute de sus garantías constitucionales de naturaleza económica de forma tal de contribuir al bien común y a la plena realización de la persona humana“.

Una posición sumamente interesante es la del profesor Pablo RUIZ TAGLE VIAL, quien considera que el concepto de OPE carece de justificación suficiente, debiendo reemplazarse en consecuencia por los viejos principios constitucionales de libertad, igualdad y propiedad.

GUERRERO y FERMANDOIS, coincidiendo con el enunciado básico de RUIZ TAGLE – uno podría creer que quizá muy a pesar suyo - , enumeran un conjunto de principios que se asocian naturalmente a la noción de OPE. Estos son los siguientes:

a) Libertad económica;

b) Derecho de propiedad, en especial la propiedad privada de los medios de producción y consumo;

c) Igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria;

d) Acción subsidiaria del Estado;

e) Disciplina del gasto fiscal;

f) Independencia de la política monetaria;

g) Reserva legal de la actividad económica;

g) Principios tributarios de: - legalidad
no expropiación
justicia y proporcionalidad
no afectación

h) Revisión judicial en materia económica.


¿ Cómo fundamentaremos cada uno de estos principios en la Carta Fundamental ?



BIBLIOGRAFÍA.

ALCALDE RODRÍGUEZ, Enrique. “Los Principios Generales del Derecho“, Santiago 2003.

BARROS BOURIE, Enrique. “Derecho y Moral. Consideraciones a propósito de la Teoría de los Delitos Económicos“, en 10 Estudios Públicos, Santiago 1983.

“Lo Público y lo Privado en el Derecho“, en 81 Estudios Públicos, Santiago 2001.

CEA EGAÑA, José Luis. “Tratado de la Constitución de 1980“, Santiago 1988;

“ II Derecho Constitucional Chileno, Derechos, Deberes y Garantías“, Santiago 2004.

DOMÍNGUEZ ÁGUILA, Ramón. “
Aspectos de la Constitucionalizacion del Derecho Civil Chileno“, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XCII - Nº 3 - Santiago 1996

GUZMÁN BRITO, Alejandro. “Las Cosas Incorporales en la Doctrina y en el Derecho Positivo“, Santiago 1994.

“El Derecho Privado Constitucional“, Valparaíso 2002.

FERMANDOIS VOHRINGER, Arturo. “Derecho Constitucional Económico“, Santiago 2001.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Miguel Ángel. “Fundamentos constitucionales del derecho de los contratos: Intangibilidad , Autonomía de la Voluntad y Buena Fe“. Editado por Hernán CORRAL TALCIANI y Guillermo ACUÑA SBOCCIA, Santiago 2002.

GUERRERO DEL RÍO, Roberto. “Orden Público Económico“, en “20 Años de la Constitución Chilena 1981 – 2001“. Editado por Enrique NAVARRO BELTRÁN. Santiago 2001.

LAHERA PARADA, Eugenio. “Introducción a las Políticas Públicas“, México DF y Santiago, 2002.

RUIZ TAGLE VIAL, Pablo. „“Principios Constitucionales del Estado Empresario“, en Revista de derecho Público“, Vol . 62, Santiago 2000.

El OPE ante la jurisprudencia.-

Sobre el concepto de orden público económico, DEUDA SUBORDINADA, sentencia del Tribunal Constitucional del 2 de octubre de 1995.

72º Que, ... , es conveniente hacer un alcance a la pretendida argumentación de que se estaría en presencia de una norma de orden público, en lo que se intenta sustentar una aplicación de sus disposiciones por encima de derechos adquiridos. Debe a este respecto recordarse la definición de orden público de don Luis Claro Solar, cuando lo consideró como "El arreglo de las instituciones indispensables a la existencia y funcionamiento del Estado y que miran a la constitución, a la organización y al movimiento del cuerpo social, así como a las reglas que fijan el estado y capacidad de las personas" y agrega que "en este sentido orden público es sinónimo de orden social", ob. cit., tomo XI.

A su vez el profesor José Luis Cea Egaña, al tratar del orden público económico, indica que es éste el "conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución". Consiguientemente, el orden público y el orden público económico en especial, estará orientado y comprenderá el establecimiento de procedimientos obligatorios, de efectos inmediatos, inmutables, frente a la autonomía de la voluntad de los particulares y orientado hacia un ordenamiento adecuado y racional de las iniciativas y actividades en materias económicas; y, por su parte, las regulaciones de las actividades económicas se refieren a las facultades legales conferidas a los órganos públicos para fiscalizar, controlar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones generales o especiales que regulan dichas actividades;

73º. Que, por su parte, los profesores Francisco Cumplido y Mario Verdugo, refiriéndose específicamente a la cuestión que se analiza, en un informe en derecho acompañado a los autos, señalan: "Precisado que el orden público comprende las normas establecidas para organizar las relaciones económicas en sus aspectos fundamentales, resta por señalar qué aspectos de las disposiciones que rigen el proceso de aumento de capital y capitalización de utilidades deben quedar comprendidas dentro de este concepto. En resumen, las normas de la Ley de Bancos y de la Ley de Sociedades Anónimas sobre capitalización son de orden público, específicamente de orden público económico, en la medida que establecen formalidades, requisitos y procedimientos para el acuerdo que modifica los estatutos para aumentar el capital, y como tales rigen in actum". Y agregan: "Las normas sustantivas sobre el ejercicio de la libertad contractual, por lo contrario de las que reglamentan las formas, modalidades y condiciones en que esta libertad debe manifestarse, son normas de orden privado. En la especie las reglas sobre capitalización contenidas en el artículo 10 de la tantas veces citada Ley Nº 18.401 son de derecho privado e incorporaron al patrimonio de las instituciones bancarias deudoras y de sus accionistas preferentes la facultad bien incorporal de capitalizar con el sólo acuerdo de la Junta de Accionistas, ya sea con acciones de pago o representativas de dividendos no repartidos, sus respectivas instituciones financieras en los términos señalados en esa norma";74º. Que, de lo expuesto en los considerandos anteriores de esta sentencia, se desprende claramente que no resulta atendible la ubicación de la norma que se pretende derogar en el orden público económico. En efecto, los adquirentes de las acciones con preferencia tantas veces referidos, asumieron la calidad de tales y, conjuntamente, contrajeron los derechos y obligaciones establecidos en la legislación vigente, en virtud de los correspondientes contratos privados de suscripción de acciones preferidas emitidas por las instituciones bancarias con deuda subordinada, dentro de un ámbito preciso y determinado y con un efecto particular, como fue el que configuró la Ley Nº 18.401 y, específicamente, en el inciso cuarto de su artículo 10º;

Sobre relaciones entre orden público económico y facultades regulatorias de la autoridad en materia de libre competencia, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A., sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del 19 de octubre de 1992, confirmado por la Corte Suprema por fallo del 19 de abril de 1993.

14°) Que el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, que garantiza la Constitución Política del Estado en su artículo 19, numeral 21, debe ejercerse “respetando las normas legales que la regulan“, y a condición que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, elementos éstos que no interesan en este caso, porque no se han cuestionado, por lo que sólo cabe verificar si se han observado las leyes, que dicen relación con la participación de las recurrentes en el área de las telecomunicaciones, y a las cuales han debido adecuar su actuar;

15°) Que, en concordancia con esta norma constitucional, se dictó el D.L. 211 del año 1973, que fijó normas para la defensa de la libre competencia y que, acorde a lo antes dicho, ese derecho a participar en el área mencionada, aparece regulado en este cuerpo legal, cuyo objeto es prevenir y sancionar las prácticas monopólicas, por lo que la Comisión Resolutiva, al emitir su sentencia, obró en aplicación de esa disposición constitucional, en cuyo ámbito opera la actividad económica de Telefónica España S.A. y sus filiales;

16°) Que, siendo así, no cabe entrar al análisis de las otras garantías que entienden quebrantadas las recurrentes, toda vez que éstas suponen que aquella ha sido conculcada, ya que no podría aceptarse que la Comisión Resolutiva, por cumplir con la preceptiva del D.L. N° 211, en resguardo de la garantía constitucional prevista en el número 21, del artículo 19 de la Carta Fundamental, a la cual deben ajustarse los particulares para ejercer cualquiera actividad económica, y que está obligada a aplicar, pudiera infringir, con sus resoluciones, esas otras garantías; y como quiera que a su amparo se decretó la medida cuestionada, como consecuencia de no haberse respetado una norma del referido D.L. resulta que no han podido verse amagadas;
Sobre regulación económica, libre competencia, abuso de posición dominante y conductas antimonopólicas, sentencia de la Comisión Resolutiva de en reclamación de IBERIA cuando se produjo la fusión de LAN y LADECO, confirmada por la Corte Suprema en recurso de queja fallado el 22 de noviembre de 1995.
Tercero: Que, en primer término, esta Comisión debe hacer presente que el marco normativo que rige la aeronavegación comercial chilena está constituido por el Código Aeronáutico aprobado por la Ley N° 18.916, de 1990; el D.F.L. N ° 241, de 1960, de la Junta de Aeronáutica Civil; la Ley N° 16.752, de 1968, de la Dirección General de Aeronáutica Civil; el Decreto Ley N° 2.564 de 1979 y los convenios internacionales multilaterales y bilaterales celebrados por Chile, entre ellos, el suscrito en 1947 y 1989 con el Gobierno de Estados Unidos de América, este último no ratificado por Chile, y los diversos acuerdos internacionales sobre frecuencias de vuelos, entre otros. Que, por otra parte, es efectivo que el Decreto Ley N° 211, de 1973, que aprueba la legislación sobre protección de la libre competencia en las actividades económicas, sanciona las conductas que tiendan a eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia, infracción que se consuma aun cuando las conductas no hayan producido en el hecho sus efectos, bastando que ellas tiendan a producirlos. Que, asimismo, es efectivo que esa legislación faculta a las Comisiones Antimonopolios para prevenir la ocurrencia de dichas conductas y evitar los peligros de infracción que produzcan los actos que tiendan a eliminar o alterar la libre competencia en las actividades económicas. Que, sin embargo, el cuerpo legal citado no sanciona ni prohíbe la existencia de empresas que ocupen una posición dominante o monopólica en un determinado mercado, sino que el artículo 6º de ese texto legal castiga las conductas, actos y prácticas comerciales que eventualmente ejecuten estas empresas, que configuren un abuso de dicha posición dominante y monopólica, y cuya finalidad sea impedir o tratar de impedir, eliminar o restringir la libre competencia en las actividades económicas. Que, en consecuencia, para los efectos de esta legislación, lo reprochable son las actuaciones y comportamientos en que incurran las empresas que ocupen una posición dominante, al ejercer su poder de mercado abusando de dicha posición, no así la existencia misma de las empresas que puedan revestir tal carácter en determinados mercados, situación que reconoce expresamente esa legislación.
Sobre qué debemos entender por “regular“ en función del derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la reserva legal y las atribuciones normativas de la administración, véase PUBLICIDAD CAMINERA, sentencia del Tribunal Constitucional del 4 de junio de 1993,
8° Que, en el artículo 19, N° 21, de la Constitución Política, se establece expresamente lo siguiente:
“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:
“N° 21°. El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.”;
9° Que, como lo sostuvo este Tribunal en sentencia de 21 de abril de 1992, la disposición transcrita “es una expresión de los contenidos filosóficojurídicos del Capítulo I de la Constitución Política, y viene a ser una consecuencia del principio de subsidiariedad, como también del deber del Estado de resguardar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”;
10° Que, las normas del Capítulo I de nuestra Constitución constituyen un marco de carácter valórico y conceptual que vienen a limitar la acción del Estado dentro de la sociedad, abriendo el mayor campo posible a la iniciativa de los particulares;
11° Que, un examen de la disposición constitucional transcrita nos lleva claramente a la conclusión, que las prohibiciones para desarrollar una actividad económica tienen que fundarse en no ser contrarias a la moral, al orden público o a la seguridad nacional y que el ejercicio del derecho debe llevarse a cabo respetando las normas legales que lo regulen;
12° Que, si bien por “regular”, conforme al Diccionario de la Real Academia, debe entenderse: “Ajustado y conforme a reglas”, ello no podría jamás intepretarse en el sentido de que se impida el libre ejercicio del derecho.
Por otra parte, si bien al regular se pueden establecer limitaciones y restricciones al ejercicio de un derecho, éstas claramente, de acuerdo al texto de la Constitución, deben ordenarse por ley y no mediante normas de carácter administrativo. No podríamos entender en otro sentido la expresión “las normas legales que la regulen”, pues ello significaría violentar no sólo las claras normas del artículo 19, N° 21, sino que, también, sería aceptar que el administrador puede regular el ejercicio de los derechos constitucionales sin estar autorizado por la Constitución;
13° Que, una conclusión como la señalada en el considerando anterior iría contra los artículos 6° y 7° de la Constitución Política que establecen que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, como también que éstos actúan, válidamente, sólo cuando lo hacen previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley;
14° Que, regular una actividad es someterla al imperio de una reglamentación que indique cómo puede realizarse; pero en caso alguno, bajo pretexto de “regular” un accionar privado se puede llegar hasta obstaculizar o impedir la ejecución de actos lícitos amparados por el derecho consagrado en el artículo 19, N° 21, de la Constitución Política;
15° Que, a mayor abundamiento cabe señalar que este Tribunal por sentencia de 21 de abril de 1992 resolviendo sobre la constitucionalidad del decreto supremo N° 357, de 19 de febrero de 1992, estableció: “Que si bien es efectivo que el legislador haciendo uso de su facultad de “regular” puede establecer limitaciones y restricciones al derecho a desarrollar cualquier actividad económica, esta facultad no le corresponde al administrador, pues de acuerdo al texto constitucional, por el artículo 60, N° 2°, que establece “Sólo son materias de ley: las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley”, estas atribuciones están entregadas expresamente al legislador, al disponer el constituyente que el derecho a desarrollar una actividad económica se asegura “respetando las normas legales que la ‘regulen’”. En otras palabras, el constituyente entrega al legislador y no al administrador la facultad de disponer cómo deben realizarse las actividades económicas y a qué reglas deben someterse.”;
Sobre libertad económica, prohibición de discriminaciones arbitrarias y protección de los consumidores, CENTRO DE RECREACIÓN Y SALUD GUNTHER MUNDT, sentencia de la Corte Suprema en recurso de inaplicabilidad del 26 de mayo de 1989,
3º) Que el precepto del Nº 21 del artículo 19 de la Constitución asegura a todas las personas el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan. Ahora bien, si en la regulación de alguna actividad económica se desliza alguna disposición que en vez de facilitar su libre ejercicio lo embaraza o lo enerva de alguna manera, esa disposición ciertamente será inconstitucional por afectar adversamente su desarrollo; pero esto no es lo que ocurre tratándose del cuestionado artículo 3º de la Ley Nº 18.223, que sanciona al que niega injustificadamente la prestación del servicio comprendido en su giro, pues esta prescripción no genera obstrucción alguna en la actividad económica del prestador de servicios. El recurrente cree, por el contrario, que dicho precepto contraviene la referida garantía porque, en lo que a él respecta, le impide negar a saber, a quienquiera que sea, el servicio de sauna que constituye su giro; pero aunque se convenga que el precepto irroga esta secuela, así y todo la garantía no resulta afectada, por cuanto no es la prestación sino la denegación injustificada del servicio la que queda reprimida por consecuencia de la disposición;4º) Que en cuanto a la garantía del Nº 24 del citado artículo 19 de la Constitución, que tutela el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, tampoco se ve afectada por lo que preceptúa el artículo 3º de la Ley Nº 18.223. El recurrente sobreentiende que si esta disposición castiga al que niega injustificadamente la prestación del servicio comprendido en su giro, implícitamente le impide prohibir a cualquier particular la entrada a su establecimiento de sauna, y esto lo considera una restricción de su derecho de propiedad; pero es preciso considerar también que es por propia determinación suya que ese establecimiento está adscrito a su actividad de prestador del servicio de sauna y en esta conformidad está sujeto, en lo que concierne a esa actividad económica, a las normas legales que la regulan, según lo dispone el precepto constitucional antes comentado; por manera que si en virtud de la disposición que censura se halla impedido de negar injustificadamente la prestación del servicio de sauna so pena de multa, no le es legítimo sortear ese impedimento ni evadir la sanción pretextando que bien podría, en cambio, en su condición de propietario del establecimiento en que presta el servicio, impedir a su arbitrio el acceso de cualquier persona a ese lugar;
Sobre autonomía de la voluntad, facultades de la autoridad administrativa para revisar contratos válidamente celebrados e interferencias contractuales indebidas, véase sentencia de la Corte Suprema del 14 de noviembre de 1995 en recurso de protección de COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DE CHILE con SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES.

2º. Que el recurso de protección en estudio tiene por objeto que se dejen sin efecto los oficios ordinarios números 31.645/244 y 31.694/246, de 17 y 19 de mayo de 1995, respectivamente, emanados del señor Subsecretario de Telecomunicaciones por los que se señala –en el primero– que el tráfico de salida hacia las compañías de telefonía celular y compañías superpuestas de telefonía fija está contabilizado en el tráfico local y respecto del tráfico de entrada, no se contemplan ingresos; y, en el segundo, además de lo anterior, que la recurrente no está facultada para efectuar cobros por concepto de cargos de acceso a la red telefónica local por las comunicaciones originadas en las redes de las compañías de telefonía móvil y terminadas en las redes de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile; 3º. Que, sin perjuicio de tener presentes las facultades legales de que se encuentra investido el funcionario recurrido, en la especie se desprende que éste incurrió en un acto ilegal que vulnera la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, respecto de la recurrente, al emitir los oficios a que se ha hecho referencia, pues de su tenor se concluye que con tales actos se alteran contratos válidamente celebrados por las partes, a la vez que se impide a los interesados en la materia de que se trata, convenir las modalidades que estimen pertinentes, dentro del marco legal correspondiente, en razón de las relaciones comerciales que los ligan o pudieren ligarlos; 4º. Que la conclusión anterior aparece refrendada por lo afirmado en el informe de fojas 55 que emitió el propio Subsecretario de Telecomunicaciones, cuando se refiere a la situación existente antes de la publicación del Decreto Nº 95, esto es, el 4 de mayo de 1994, y a la posterior a esa época, expresando, textualmente, que “la recurrente revise los convenios por concepto de estas prestaciones y efectúe las adecuaciones que corresponda de acuerdo a su respectivo decreto tarifario y documentos sustentatorios del mismo, y aplicar la modalidad de ‘sender keeps all’ o reemplazarla por el pago recíproco de cargos de acceso y de interconexión”

Y también CALZADOS JOAO, sentencia de la Corte de Santiago del 29 de marzo del 2000, que acoge un recurso de protección deducido contra la Inspección del Trabajo fundado en la libertad de contratación en materia laboral y prohibición en enjuiciamiento por comisiones especiales. Con interesante nota de Eduardo Soto Kloss.

Segundo: Que, del examen de los antecedentes que motivaron todas las multas antes referidas es posible inferir que la eventual conducta infraccional de la recurrente tuvo su origen en el hecho de no haber cumplido con la instrucción del Fiscalizador que le impuso la obligación de pagar al trabajador Luis GarcíaHuidobro una diferencia de remuneración por los meses de mayo, julio, y agosto de 1999; incumplimiento que, a juicio de la autoridad referida, significaba infracción a los artículos 7 y 55 del Código del Trabajo. Y, del no pago de dichas diferencias derivarían las demás infracciones sancionadas, en cuanto se incumplieron las obligaciones legales de entero y pago de la integridad de las imposiciones previsionales y las relativas a las cotizaciones de salud. Tercero: Que la sociedad recurrente, al ser fiscalizada negó adeudar tales diferencias remunerativas, lo que reitera en este procedimiento, en cuanto aduce en su recurso que, según el contrato de trabajo existente entre ella y el trabajador, el salario pactado con este último es variable y depende del volumen de la producción y “los encargos que se hacen a la empresa, siendo estos muy bajos en la presente realidad socio económica del país”. De este modo, argumenta, no es posible cumplir con lo ordenado por la fiscalizadora, en orden a otorgar y mantener el promedio que tenía el trabajador Luis GarcíaHuidobro, con anterioridad al mes de mayo de 1999. Cuarto: Que, según se desprende de lo pertinente de la cláusula tercera del contrato de trabajo suscrito entre la recurrente y el trabajador Luis Jaime GarcíaHuidobro Valenzuela, agregado a fs. 17, la primera se obligó a remunerar los servicios de este último con un sueldo mensual variable por producción. Quinto: Que, en consecuencia, el análisis respecto del proceder de la recurrida conduce necesariamente a concluir que la fiscalizadora, al impartir instrucciones a la recurrente en orden a imponerle la obligación de pagar al trabajador diferencias de remuneración por los meses de mayo, julio y agosto de 1999 y a mantener el promedio de la producción que éste tenía con anterioridad al mes de mayo de 1999, cuyo incumplimiento dio origen a las multas que posteriormente impuso, excedió el ámbito de sus facultades, circunscrita, por disposición del artículo 476 del Código del Trabajo, a la fiscalización del cumplimiento e interpretación de la ley laboral. En efecto, en tal conducta se advierte claramente la imposición coercitiva de una obligación enteramente ajena al consentimiento mutuo de las partes expresado en el contrato de trabajo, en lo que se refiere al monto de la remuneración pactada por la prestación de los servicios, materia que, en todo caso, de existir controversia, sólo corresponde dilucidar a los Juzgados del Trabajo, según así lo previene el artículo 420 del Código Laboral. Sexto: Que, de la manera como ha quedado dicho, el actuar ilegal de la recurrida deviene en una transgresión al legítimo ejercicio del derecho que la Constitución Política de la República garantiza en el artículo 19 N° 16, en cuanto, al imponer a uno de los contratantes intervinientes en un contrato de trabajo, una obligación ajena al pacto laboral, y posteriormente sancionar administrativamente su incumplimiento, tal conducta implica necesariamente el imponer una limitación y producir una perturbación al derecho a la libertad de trabajo que dicha disposición constitucional consagra, por lo que habrá de acogerse la protección impetrada en estos autos. Séptimo: Que, aparte de lo anterior, debe además concluirse que la recurrida ha vulnerado la garantía constitucional a que se refiere el artículo 19 N° 3, inciso 4º de la Carta Fundamental, al emitir un pronunciamiento en una materia propiamente jurisdiccional, puesto que, como se ha dicho, son de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo, entre otras, las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales de trabajo.