6.23.2006

Dos sentencias en sentido contrario

Dos sentencias en sentido
contrario, en lo concerniente a la aplicación de la Constitución. Sólo la
primera es de casación, pero se remite cínicamente a la ley.


Santiago, catorce de julio de dos mil tres.

VISTOS:

Por sentencia dictada con fecha 15 de mayo de 2001 en la causa rol Nº124-1999, la titular del Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago acogió la reclamación presentada por la sociedad Inversiones Piedra Roja Limitada en contra del monto provisional de la indemnización fijada en el procedimiento de expropiación de parte de un predio de su propiedad, estableciendo una indemnización definitiva, adicionada con reajustes e intereses.

Apelada esta sentencia, una de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, por fallo de 11 de julio del año pasado, corriente a fs.456, la revocó parcialmente, determinando la improcedencia del cobro de intereses y que los reajustes deben regularse en la forma señalada en el artículo 14 inciso final del D.L. Nº2186.

En contra de este último fallo, la reclamante dedujo, a fs.458, recurso de casación en el fondo, fundado en las causales que, enseguida, se examinarán.

Se trajeron los autos en relación para conocer del referido recurso.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en el recurso se denuncia la infracción de los siguientes preceptos legales: artículos 6, 7, 19 Nº24 y 38 inciso 2º de la Constitución Política de la República; 88, 425, 428 y 647 del Código de Procedimiento Civil; 13 del Código Orgánico de Tribunales; 19, 20, 22, 24, 1698, 1712, 1551 y 648 del Código Civil;

SEGUNDO: Que, el recurrente empieza por presentar un enunciado general, en orden a los errores de derecho que sirven de antecedente a un recurso de casación en el fondo, señalando que ello se produce cuando la sentencia:

1º.- contraviene la ley en su texto formal (se opone directamente al texto expreso de la ley);

2º.- interpreta erróneamente la ley (al aplicarla al caso, le da un sentido o alcance diverso al que le ha señalado el legislador);

3º.- hace una falsa aplicación de la ley (la aplica a una situación no prevista por el legislador, o bien, deja de aplicarla a un caso reglado por el mismo) y;

4º.- infringe las normas reguladoras de la prueba. La casación se divide en cinco capítulos, correspondiendo a otros tantos errores de derecho en que, según quien la plantea, habría incurrido la sentencia de segundo grado;

TERCERO: Que el primero de los errores de derecho denunciados se hace consistir en infracción a la norma reguladora de la prueba, relativa a quien debe soportar la carga de ésta, el llamado onus probandi, establecida en el artículo 1698 del Código Civil; y en la errónea interpretación de este precepto, transgrediéndose con ello los artículos 19, 20, 22 y 24 del mismo cuerpo legal;

CUARTO: Que, explicando la recurrente la forma como se han configurado los errores de derecho a que acaba de hacerse referencia, señala que, habiéndose exigido por ella el justiprecio del predio expropiado, el Fisco de Chile se defendió, aduciendo que los terrenos de la reclamante deben sufrir una disminución de valor respecto de la generalidad de los predios del sector, habida cuenta de que los mismos se hallan expuestos a un riesgo real e inminente de inundación.

Frente a semejante planteamiento, una aplicación correcta de la norma prevista en el precitado artículo 1698 del Código Civil agrega- hacía recaer la carga de la prueba sobre el riesgo de inundación del predio expropiado en el Fisco de Chile, tanto por haber fundado en ese hecho su defensa como por constituir la inundabilidad una situación anormal desde que lo general o típico es que los terrenos no se inunden- y representar un hecho modificativo, que se invoca para alterar el valor estándar de la finca expropiada.

Sin embargo, la sentencia impugnada consideró que la reclamante debió probar que los terrenos ya no se inundaban, por haberse establecido, sin valoración de prueba alguna, que sí se inundaban en el pasado y que no se efectuaron reparaciones para evitar inundaciones en el presente; con lo que infringió la norma del mencionado artículo 1698 sobre el onus probandi y lo interpretó erróneamente, contraviniendo los siguientes artículos del Código Civil:

19,que hacía necesario recurrir a la intención o espíritu de dicho precepto; al sentido natural y obvio de las palabras (artículo 20), al contexto y sistema del ordenamiento (artículo 22) y al espíritu general de la legislación (artículo 24);

QUINTO: Que el vicio recién apuntado prosigue la recurrente- ha tenido una influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, puesto que, en base al hecho de considerarse inundables los terrenos expropiados, se estableció como indemnización un valor correspondiente a terrenos de esas características, manifiestamente inferior al de terrenos no inundables; situación que resulta demostrada con la diferente evaluación que los peritos tasadores efectúan respecto de uno u otro caso;

SEXTO: Que el segundo capítulo de casación se refiere a infracciones de la sentencia impugnada respecto de las normas reguladoras de la prueba, específicamente, a los artículos 425 del Código de Procedimiento Civil y 14 inciso 4º del Decreto Ley Nº2186, relativos a la valoración de la prueba pericial. El primero de estos preceptos establece que los tribunales deben apreciar dicho medio probatorio en conformidad a las reglas de la sana crítica y el segundo de ellos se remite a las disposiciones de aquél para los efectos de la valoración de los informes periciales que se rindan en el procedimiento sobre reclamación del monto provisional de las indemnizaciones reguladas para la expropiación;

SÉPTIMO: Que, argumentando sobre la forma como se produjeron los errores de derecho denunciados en este acápite del recurso, se expone que la sana crítica, como regla de valoración de la prueba en el presente caso, de la pericial- descansa en dos criterios: las máximas de la experiencia y los principios de la lógica. Estas normas se transgredieron por la sentencia recurrida, pues, habiéndose apreciado por el perito del Fisco el valor de los terrenos en base a dos hipótesis: una, respecto de terrenos inundables y otra, de terrenos no inundables, en tanto que el perito de su parte la reclamante- practicó la misma evaluación sobre la base única del carácter no inundable del predio; estableció dicha sentencia- como valor del paño expropiado el que se informó por el perito fiscal para el caso de un terreno inundable, en circunstancias que el terreno se ha comprobado como no inundable; sin respetarse, en consecuencia, el marco lógico diseñado por la prueba pericial del Fisco y contradiciendo expresamente las conclusiones del peritaje presentado por la parte reclamante.

No puede considerarse apreciación conforme a la sana crítica puntualiza la recurrente- la obtención de una conclusión que es precisamente la contraria a la informada por dos peritos. Sostiene que el fallo recurrido, al tiempo de vulnerar el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil al que se remite el artículo 14 del D.L. Nº2186, también transgredido- incurrió, además, en una interpretación deficiente de dicho precepto, infringiendo, a su vez, su espíritu (artículo 19 del Código Civil), el sentido natural y obvio de las palabras (artículo 20) y, también el contexto y sistema del ordenamiento (artículo 22) y el espíritu general de la legislación (artículo 24);

OCTAVO: Que, razonando sobre la forma como el vicio de que se trata ha influido en lo dispositivo del fallo, observa la recurrente que, de haberse ajustado los sentenciadores a las reglas de la sana crítica, aplicando correctamente las disposiciones legales antes señaladas, habrían concluido que el valor por metro cuadrado de los terrenos expropiados fluctuaba entre 0,4 UF fijado por el perito del Fisco y 0,5 UF- fijado por el perito de su parte-;

NOVENO: Que un tercer error de derecho atribuido a la sentencia recurrida se hizo consistir en una errónea interpretación de los artículos 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, 38 y 35 inciso 3º del Decreto Ley Nº2186; lo que se produjo como consecuencia de los que se han expuesto en el capítulo anterior; pues estos preceptos garantizan al expropiado obtener siempre la indemnización por el perjuicio patrimonial efectivamente causado por la expropiación, lo que sólo puede verse cumplido en cuanto se determine el verdadero valor de los predios expropiados.

El error de derecho denunciado influye según el recurrente- en lo dispositivo del fallo, pues, de haberse atenido a la verdadera naturaleza no inundable- de los terrenos, habría sido indemnizada por el perjuicio patrimonial efectivamente causado;

DÉCIMO: Que un cuarto error de derecho imputado por el recurso al fallo de segunda instancia se hizo estribar en la interpretación equivocada que en ella se habría dado al artículo 14 inciso 6º del D.L. Nº2186, en cuanto considera que este precepto establece la forma de regular el reajuste de la indemnización fijada judicialmente por causa de expropiación, en circunstancias de que ello no es así, pues la norma en cuestión se refiere a otros conceptos distintos, como la obligación de imputar a la indemnización definitiva las cantidades que el expropiado hubiera recibido como indemnización provisional y a la necesidad de reajustar tales montos, entregando al sentenciador la facultad de determinar como éstos deben ser regulados.

Cita la recurrente el texto de la disposición legal de que se trata, la cual dispone que, en el caso que la sentencia fije la indemnización definitiva en un monto superior a la provisional, se imputará a aquélla (la definitiva) el monto de ésta (la provisoria), debidamente reajustado, según sea la fecha que haya considerado la sentencia para determinar la indemnización definitiva; y asevera, enseguida, que la imputación así ordenada resulta lógica, porque, de lo contrario, se estaría percibiendo una doble indemnización por parte del expropiado; y puntualiza que el propio legislador señala también que la indemnización definitiva ha de estar debidamente reajustada, lo que, asimismo, resulta evidente a fin de mantener un pago efectivo y que no sea el expropiado quien sufra la desvalorización del dinero.

Sin embargo prosigue- el precepto en cuestión radica en el sentenciador, al establecer en su fallo la indemnización definitiva, la facultad de señalar la forma y la fecha desde la cual ha de calcularse el reajuste;

UNDECIMO: Que, explicando como el error de derecho que se ha descrito repercute en lo dispositivo del fallo, expresa la recurrente que, de no haberse incurrido en él esto es, en considerar que el artículo 14 inciso 6º del D.L. Nº2186 establece la forma de reajustar las indemnizaciones procedentes de las expropiaciones-, se habría concluido que las atribuciones sobre dicha materia radican en el sentenciador, quien debe determinar el reajuste, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 inciso 3º del mimo Decreto Ley Nº2186, de acuerdo con la variación del Indice de Precios al Consumidor, por el período que corre desde el mes anterior al acto expropiatorio y el mes anterior al pago efectivo de la deuda, confirmando el criterio adoptado al respecto por la sentencia de primera instancia;

DUODECIMO: Que el quinto error de derecho denunciado por la recurrente se refiere a infracciones de la normativa que regula los intereses en materia de expropiación, dentro de la que considera comprendidos los artículos 1551 Nº3, 647 y 648 del Código Civil; 88 del Código de Procedimiento Civil; 134 del Código Orgánico de Tribunales; 17, 38 y 35 del D.L. Nº2186, a los que suma los preceptos concernientes a la interpretación judicial: artículo 19, 20, 22 y 24 del Código Civil;

DECIMO TERCERO: Que, explicando la forma como se han configurado los errores de derecho incluidos en este apartado del libelo, se cita por la recurrente el artículo 35 inciso 3º del D.L. Nº2186, de acuerdo con el cual, el afectado tendrá siempre el derecho a la reparación total del daño causado con la expropiación; norma que, según advierte, es de estricta lógica, pues prescribe que la indemnización debe ser completa e íntegra, lo que significa que el expropiado no debe sufrir detrimento patrimonial alguno con motivo de la expropiación sólo esta obligado a soportar el daño moral-; razón por la cual, acorde con lo que se manda en el precitado artículo, la indemnización debe comprender intereses desde la notificación de la respectiva demanda. Luego de reproducir el texto de los artículos 647 y 648 del Código Civil, relativos a los frutos civiles categoría a que pertenecen los intereses-, hace presente que, en caso de no pagarse éstos, se generaría una situación anómala y antijurídica, ya que no los percibió el expropiado sino el Fisco de Chile, no existiendo, en tal circunstancia, una indemnización íntegra;

DECIMO CUARTO : Que, siempre en plan de aclarar la manera en que la sentencia recurrida cometió la equivocación señalada, manifiesta que en ella se negó el pago de los intereses reclamados, aduciéndose por los falladores que, por recaer su decisión en un juicio declarativo, el cobro de dichos frutos era improcedente, toda vez que nadie puede estar en mora de cumplir una obligación indeterminada; predicamento erróneo, pues en ninguna disposición del D.L. Nº2186 se expresa que el reclamo sobre el monto de la expropiación sea un juicio declarativo de la obligación de indemnizar los perjuicios causados por el acto expropiatorio, ya que la existencia de tales perjuicios se encuentra establecida desde el momento mismo en que se dicta el decreto de expropiación y lo que se persigue en esta clase de juicios es facultar a la parte que no se encuentra de acuerdo con la indemnización provisional fijada por la comisión tasadora para reclamar de ésta ante el juez a fin de que se determine el monto exacto del bien expropiado, regulando la consiguiente indemnización definitiva;

DECIMO QUINTO: Que el yerro jurídico en cuestión sostiene la recurrente- influyó en lo dispositivo de la sentencia, pues de no haberse incurrido en él, confirmando lo decidido al respecto por el fallo de primer grado, habría decidido que en la especie se adeudan intereses corrientes desde la notificación de la demanda, que marca el momento en que el deudor es requerido judicialmente;

DECIMO SEXTO: Que, iniciándose ahora el análisis del recurso, cabe recordar que el primero de los reproches en él dirigidos en contra del fallo de segunda instancia y cuyas motivaciones se resumieron en el considerando cuarto de esta sentencia, se hizo consistir en una presunta vulneración de las normas reguladoras de la prueba, específicamente centrada a la carga de la misma, que se hizo recaer en su parte, la reclamante y no en el Fisco de Chile, como correspondía;

DECIMO SÉPTIMO: Que la norma básica referida al onus probandi o distribución de la carga de la prueba se encuentra consagrada en el artículo 1698 del Código Civil, de acuerdo con el cual, corresponde probar una obligación al que alega su existencia; precepto que, trasciende el ámbito de las obligaciones de origen contractual, se aplica en general a la prueba de todas las deudas que se recl aman en juicio; y se expresa en la necesidad en que se halla quien deduce una acción de producir la prueba en que se funda su derecho, so pena de que su pretensión no pueda prosperar; DECIMO OCTAVO: Que, traídas estas premisas a la situación que se examina, en que la sociedad expropiada reclamó acorde con la facultad que, al respecto, le otorga el artículo 12 del referido Decreto Ley Nº2186- del monto provisional de la indemnización fijada por la comisión de peritos contemplada en el artículo 4º del mismo cuerpo legal, aduciendo para abogar por una indemnización definitiva a regularse en una suma mayor, que el retazo expropiado pertenecía a terrenos no inundables, al contrario de lo señalado por los peritos que arribaron a su evaluación, considerándolos expuestos a riesgo de inundación; correspondía que la reclamante acreditara los fundamentos de su pretensión, aportando pruebas destinadas a demostrar que los terrenos expropiados tenían la calidad de no inundables que les atribuye en su libelo. Como quiera, recayendo en la reclamante el peso de la prueba sobre semejante tópico, omitió suministrarla, no cabe sino concluir que los sentenciadores obraron con sujeción a la normativa precitada y, por ende, no la quebrantaron -, al desestimar su pretensión;

DECIMO NOVENO: Que, como se hizo constar en los fundamentos sexto a octavo de esta sentencia, el recurso dirige en contra del fallo de segunda instancia una nueva crítica relacionada con las normas reguladoras de la prueba; esta vez, por haberse ella apartado de las reglas de la sana crítica, a que debió ceñirse, de acuerdo con lo que sobre el particular, se prescribe en el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, en la valoración del pericial allegada a los autos para acreditar el valor de los terrenos expropiados y establecer el monto de la indemnización correspondiente; VIGÉSIMO: Que la valoración de la prueba consiste en la operación intelectual que el juez desarrolla frente a los elementos de prueba allegados al proceso con miras a determinar la fuerza de convicción que es dable adquirir por su intermedio para establecer los hechos del juicio;

VIGÉSIMO PRIMERO: Que la labor que los jueces de fondo llevan a cabo en la apreciación del caudal probatorio reunido en la causa pertenece al ámbito de sus atribuciones exclusivas y escapa, por lo tanto, de la revisión que el tribunal de derecho puede practicar a través del recurso de casación en el fondo, a menos que en semejante valoración se vulneren las leyes reguladoras de la prueba; situación que se producirá cuando ella haya incidido en un medio probatorio, cuya fuerza de convicción o grado de eficacia justificativa se encuentre precisamente regulado o tasado de antemano por la ley y los jueces no hayan respetado el parámetro establecido en ésta, al apreciar su mérito;

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil no se consagran principios reguladores de la prueba de peritos en términos de asignarle a ésta un valor concreto, un grado de convicción tarifado, como parámetro a que haya de ceñirse necesariamente el juez al apreciar su fuerza probatoria. En efecto, la sana crítica, a que se refiere la disposición legal antes citada cuyo contenido ésta no precisa- carece de ese efecto limitante e importa una simple pauta o criterio de orientación que la doctrina y la jurisprudencia hacen descansar en los principios de la lógica y en las máximas de la experiencia-, destinado a guiar la actividad intelectual que el juez desarrolla en procura de determinar el mérito probatorio del informe pericial;

VIGÉSIMO TERCERO: Que el recurso de casación en el fondo, según se manda en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil en relación con lo dispuesto en el artículo 764 del mismo cuerpo legal- se halla instituido para invalidar determinadas sentencias pronunciadas con infracción de ley; enunciado este que conduce a desestimar el capítulo en análisis del arbitrio de nulidad propuesto en estos autos, habida cuenta de que, por no haberse definido en el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil ni en otra norma cualquiera de este cuerpo normativo el concepto de sana crítica, no puede, a su respecto, incurrirse en infracción de ley, que permita anular una sentencia, desde que no hay una norma legal susceptible de ser quebrantada para fundar su invalidación;

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en lo tocante a las críticas que en materia de reajustes el recurso formula al fallo contra el cual se dirige y cuyas motivaciones se resumieron en los considerandos décimo y undécimo, corresponde tener presente para desestimarlas que la reajustabilidad del valor de la indemnización de los terrenos expropiados ha sido adecuadamente ponderada en dicha sentencia, que reguló el monto indemnizatorio en unidades de fomento, las que constituyen índices o medidas del orden económico, que en sí llevan incorporados los niveles de depreciación de la moneda experimentados en el tiempo, a causa del fenómeno inflacionario;

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en cambio, las argumentaciones esgrimidas por la recurrente en orden a la procedencia del pago de intereses, como incremento del monto de la indemnización los que fueron denegados por la sentencia impugnada- deben ser acogidas, pues en nuestro ordenamiento positivo artículos 647 y 648 del Código Civil- los intereses son especies de frutos civiles, es decir, constituyen rendimientos o utilidades que se obtienen del uso o goce de una cosa, facultad esta inherente al derecho de propiedad, acorde con lo dispuesto en el artículo 582 del precitado Código; de suerte que, el titular del dominio, al verse privado, debido a la expropiación, del derecho de goce que ostentaba sobre el inmueble y del provecho o beneficio que de ello se seguía como activo de su patrimonio, debe ser resarcido de semejante pérdida;

VIGÉSIMO SEXTO: Que este menoscabo patrimonial ha de repararse suministrando al afectado una suma de dinero, por concepto de intereses, equivalente a las utilidades pecuniarias que dejó de percibir con la pérdida del bien; constituyendo esta una obligación que incumbe a la expropiante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 del D.L. Nº2186, acorde con el cual, la indemnización comprende el daño patrimonial efectivamente causado con la expropiación; norma legal que se limita a reproducir en forma textual lo preceptuado sobre la materia por el artículo 19 Nº24 de la Carta Fundamental;

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que el pago de intereses debe efectuarse, por consiguiente, desde la fecha en que la entidad expropiante toma posesión material del inmueble y simultáneamente la pierde el expropiado- hasta aquélla en que se produzca el pago de la indemnización definitiva;

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, al haberse desestimado por la sentencia recurrida, revocando lo decidido por la de primer grado, la pretensión sobre intereses incluida en el reclamo de la expropiada, ha infringido las normas legales que se vienen de citar, incurriendo en un error de derecho que conduce a su invalidación.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 767, 785 y 805 del Código de procedimiento Civil, se declara que se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fs.458, contra la sentencia de once de julio del año dos mil dos, la que, por consiguiente, es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación. Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro señor Adalis Oyarzún Miranda.

Rol Nº3464-2002.-

Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Domingo Yurac, Sr. Humberto Espejo, Srta. Morales y Sr. Adalis Oyarzún. No firman los Ministros Srta. Morales y Sr. Oyarzun, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por estar con permiso.



Santiago, catorce de julio de dos mil tres.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo: VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de su fundamento noveno, que se suprime. Se reproducen, asimismo, los fundamentos décimo sexto a vigésimo octavo del fallo de casación que antecede.

Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que, habiéndose regulado la indemnización provisional de los terrenos expropiados sobre la base de considerar a éstos como inundables, desde que en su reclamo, la expropiada aboga por un aumento de la misma, sosteniendo que aquéllos no son inundables, le correspondía a ella probar este aserto, que invoca como fundamento de su pretensión;

SEGUNDO: Que, en la especie, no procede ordenar reajustes, por cuanto la indemnización se ha fijado en unidades reajustables y, como se expresó en el fallo de casación, éstas representan mecanismos que permiten mantener el valor adquisitivo del dinero, lo que no ocurriría en la moneda de curso ordinario. En razón de lo expuesto, el otorgar reajustes en la situación de autos, conduciría a establecer una doble reajustabilidad y, por consiguiente, un enriquecimiento indebido de la expropiada;

TERCERO: Que los intereses resultan procedentes, como se señaló en la sentencia de casación; sin embargo, el punto de partida de su regulación no será en el presente caso la fecha de la toma de posesión material del inmueble, sino una posterior, aquella indicada por la reclamante en su libelo, esto es, la de notificación de la demanda, según lo determinado, al respecto, por el fallo de primer grado, en atención a la petición expresa de la reclamante en ese sentido. Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 14 y 38 del D.L. Nº2186 de 9 de junio de 1978; 186, 187 y 189 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

A.- Que se revoca la referida sentencia, de quince de mayo de dos mil uno, escrita a fs.358 y siguientes, en cuanto fijó reajustes para la indemnización definitiva regulada en ella; y, en su lugar, se establece que tales reajustes no son procedentes; y

B.- Que se confirma, en lo demás apelado, la misma sentencia con declaración que los intereses fijados son los corrientes para operaciones reajustables.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción del Ministro señor Adalis Oyarzún Miranda.

Rol Nº3464-2002.-

Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Domingo Yurac, Sr. Humberto Espejo, Srta. Morales y Sr. Adalis Oyarzún. No firman los Ministros Srta. Morales y Sr. Oyarzun, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por estar con permiso.




APELACION DEFINITIVA DE PIEDRA
ROJA



Santiago, seis de diciembre de dos mil dos.

Vistos:

Se reproduce la sentencia apelada con excepción de sus considerandos DECIMO NOVENO Y VIGESIMO que se eliminan,

y se tiene en su lugar y además presente:

1º Que, en relación al reajuste solicitado por la demandante, se debe tener presente, que la única norma del Decreto Ley Nº2.186 que se refiere a tal materia, es el inciso 6º del artículo 14, el cual expresa: En caso de que la sentencia fije la indemnización definitiva en un monto superior a la provisional, se imputará a aquélla el monto de esta, (se refiere a la indemnización provisional consignada), debidamente reajustada según sea la fecha que haya considerado la sentencia para la determinación de la indemnización.

2º Que, una serena lectura de la norma transcrita, demuestra que la única reajustabilidad considerada por el legislador dice relación con la indemnización provisional y no con la indemnización definitiva.

Sin embargo, a falta de ley y siguiendo los principios generales de nuestra legislación, es justo considerar, que si la Constitución Política de la República señala en su artículo 19 número 24 que el expropiado tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, dicho resarcimiento debe ser íntegro, lo que sólo se logrará evitando su desvalorización con la correspondiente reajustabilidad.

Refuerza lo recién señalado tener presente que el artículo 20 inciso 5º del Decreto Ley 2.186 establece que la indemnización subrogará al bien expropiado para todos los efectos legales.

3º Que, no obstante lo señalado en el considerando anterior, y teniendo presente que en el caso de autos el juez a quo, para determinar la indemnización definitiva, avaluó cada metro cuadrado en unidades de fomento, medida económica que como es sabido se caracteriza por su permanente reajustabilidad, el propósito perseguido consistente en reparar el daño patrimonial efectivamente causado se ve satisfecho, toda vez que de conformidad al artículo 25 de la ley 18.010, el pago de la indemnización se deberá hacer en moneda corriente por el valor que tenga la unidad de fomento en ese momento, motivo por el cual no resulta procedente la petición de reajustes formulado por la demandante.

4º Que, en relación a los intereses solicitados por la parte demandante, cabe tener presente dos órdenes de materias:

a) si corresponde aplicar los intereses pertinentes a operaciones no reajustables o si en cambio procede aplicar los correspondientes a operaciones reajustables;

b) fecha desde la cual deben pagarse intereses.

En relación al primer punto, y tal como se expresó en el considerando anterior, al haberse determinado la indemnización en unidades de fomento, y siendo ésta esencialmente reajustable, los intereses que proceden en este caso son, precisamente, los establecidos por la ley para este tipo de operaciones.

En relación al segundo punto, y teniendo en consideración que sólo a partir de la sentencia en alzada quedó establecida la obligación de pagar una indemnización superior a la provisional, no es posible considerar que la demandada se haya encontrado en mora durante el juicio, por lo cual sólo resulta procedente el pago de intereses corrientes desde el momento en que esta sentencia quede ejecutoriada.

En atención a lo expuesto, disposiciones legales citadas, se declara:

a) Se revoca, la sentencia apelada de fecha 17 de mayo de 2001 escrita a fojas 364 en cuanto ordena en su resolutivo IV, que la indemnización definitiva se pague reajustada en la forma que allí se indica, y se declara en cambio que se rechaza tal pretensión.

b) Se revoca la sentencia antes singularizada en cuanto, en su resolutivo V ordena que a la suma establecida como indemnización definitiva se le apliquen intereses corrientes para o peraciones no reajustables desde el día 18 de noviembre de 1999 y hasta el día de su pago efectivo, y se declara en cambio que a la suma que en definitiva se deba pagar por concepto de indemnización definitiva por la expropiación de autos, deberá aplicarse intereses corrientes para operaciones reajustables desde el día en que quede ejecutoriado el presente fallo.

c) Se confirma en lo demás.

Regístrese y devuélvase.

Nº6.942-2001

Redactó el abogado integrante señor Angel Cruchaga Gandarillas. Pronunciada por los Ministros Jorge Dahm Oyarzún y Mauricio Silva Cancino y el Abogado Integrante Angel Cruchaga Gandarillas